Por don José María
Gil Tamayo
MADRID, sábado, 17 marzo 2007 (ZENIT.org).-
Publicamos el artículo escrito por don José María Gil Tamayo, secretario
ejecutivo de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Española, publicado en la revista «Ecclesia» con el título
«Ciudadanía para la educación».
* * *
Nadie podrá acusar a
los obispos españoles de no haber hablado alto y claro, no sólo sobre
grandes principios doctrinales, éticos y morales, sino de asuntos y
situaciones concretas, que afectan en estos momentos de manera esencial,
además de a los fieles de la Iglesia y a sus convicciones, también a los
derechos fundamentales del común de los ciudadanos, entre los que, por
cierto, están los católicos desde que España es España e incluso antes.
Aunque sólo fuera por antigüedad en la plaza, la Iglesia a través de sus
pastores tiene todo el derecho del mundo para dar su parecer en lo que atañe
a nuestro pueblo.
Entre los temas sobre los que, en las últimas semanas, se han pronunciado
los obispos, a través de la Comisión Permanente del Episcopado, destacan los
referidos a la educación propugnada por la LOE y los decretos que la
acompañan, denunciando los tintes ideológicos de este nuevo marco legal, sus
carencias antropológicas y los principios de libertad y de derechos de los
padres contra los que atenta la nueva legislación. En concreto, los prelados
se fijan en el nuevo y deficiente estatuto legal para la clase de Religión y
sus profesores, las trabas para la efectiva libertad de enseñaza y de
elección de centro escolar, así como la filosofía y el contenido de la
llamada Educación para la ciudadanía, toda una asignatura de adoctrinamiento
moral y político, acorde con los principios fundamentales del nuevo
“movimiento”, en la que vuelve a retomarse con las jóvenes generaciones un
obligatorio y reeditado proceso de “formación del espíritu”, esta vez –eso
sí- menos nacional, más periférico, laicista y de género. Se supone que, en
consonancia con la “liturgia” del nuevo orden, en vez de “jurar” en este
retornado ciclo habrá que “prometer”. Confío en que, al menos, no haya
represalias para quienes no lo hagan... y opten por la objeción de
conciencia.
En la nota de la Comisión Permanente, nuestros obispos, a la vez que
argumentan con solidez su denuncia del creciente intervencionismo estatal en
el campo educativo, hacen también un llamamiento a la responsabilidad de las
personas e instituciones de la Iglesia implicadas en la tarea educativa:
padres, profesores, responsables de los centros católicos, etc., a fin de
que ejerzan de forma activa y cívica la reivindicación y defensa de sus
derechos, en coherencia con las convicciones religiosas personales o el
ideario de la institución educativa a la que representan. Se trata, en
definitiva, de que sean los propios implicados y afectados quienes tomen
sobre sí el trabajo de ejercitar en primera línea sus derechos, entre los
que están los de la libertad educativa y la religiosa, de ser sociedad
civil, ciudadanía activa.
Anemia cívica
Y es, precisamente, en este último aspecto en el que percibo que está el
punto más débil para lograr el fin propuesto de frenar el creciente
intervencionismo educativo que nos amenaza: la sociedad civil española
–también la católica- está, salvo excepciones y a pesar del empujón dado en
los últimos años con motivo de las grandes manifestaciones en defensa de la
familia y los derechos educativos y del generoso esfuerzo de las
organizaciones que las convocaron, desactivada y desentrenada. El personal
está a su “bola”, centrado en sus intereses más inmediatos y sin los
resortes espirituales e intelectuales necesarios para percatarse de la
gravedad de lo que le amenaza, ya sea en el terreno de los derechos civiles,
familiares, de la vida, o los referidos a la educación. Esta anemia cívica
impide que haya un mayor protagonismo de los propios afectados –padres y
educadores- y por esto se ven obligados los obispos a tener que aparecer,
casi en solitario, en primera línea de batalla para defender derechos
ciudadanos básicos, con el consiguiente desgaste mediático que ello comporta
y ser el blanco de todos los ataques.
Ciertamente es éste un gran servicio no sólo eclesial, sino a la entera
sociedad española, pero sólo podrá ser eficaz si de forma urgente y
continuada se fomenta en nuestro país -¡qué gran misión ésta para el laicado
católico!- la aparición de una sólida sociedad civil, consciente de sus
responsabilidades y activa en su quehacer, alentada por el trabajo de
verdaderos y coherentes líderes políticos –hoy tan ausentes de los
verdaderos problemas de la población- que la animen. Por lo que respecta a
la cuestión anteriormente tratada, necesitamos, en definitiva: una
ciudadanía para la educación, no a al revés.
ZSI07031702