La barbarie silenciosa
Ignacio Sánchez Cámara
La maldad del aborto es tal que hasta sus defensores protestan por la difusión
de imágenes.
Vamos sabiendo los detalles del horror. Se usaban trituradoras de matadero
industrial y los fetos eran expulsados por los desagües. Pero, conviene no
engañarse, su principal responsable, en cuyas clínicas se llegaron a practicar
abortos a niños de siete meses, ha sido imputado por falsificación de informes
psiquiátricos, pues en España es legal asesinar a un embrión en cualquier
momento de la gestación, ya que el supuesto de la salud de la madre carece de
plazo. Es casi seguro que estamos sólo ante un caso horrible entre centenares.
Nuestra legislación en materia de aborto es muy defectuosa (si no estoy
equivocado, radicalmente opuesta al orden moral) y además es vulnerada
sistemáticamente; abuso que ella misma facilita. En contra de lo que suele,
interesadamente, pretenderse, no existe en España un derecho a abortar. Nuestra
legislación penal tipifica el aborto como delito y sólo exceptúa la aplicación
de la pena (es decir, despenaliza, pero no existe un derecho a hacer todo lo que
no está tipificado en el Código Penal) en tres supuestos.
No creo que todas las anomalías congénitas del feto sean motivo para acabar con
su vida, ni que sufrir una violación legitime para deshacerse de la criatura
brutalmente concebida, pero puede estar justificado que el Derecho no
establezca, en estos casos, la sanción penal. Es dudoso también que lo legitime
el riesgo para la salud de la madre. Si el riesgo físico es grave, estaríamos
ante un grave dilema de difícil evaluación. Pero, al incorporar el riesgo para
la salud psíquica de la madre, la ley abre, de hecho, la puerta al aborto libre
y sin plazos, sin más requisito que la existencia de un certificado psicológico.
Según informaciones fiables, el 97% de los abortos practicados en España se
acoge a este supuesto. Tan flexible es el cajón de sastre (más bien, de
desastre) legal que ya casi nadie se acuerda del supuesto socio-económico.
La maldad del aborto voluntario es tan patente que incluso sus defensores
protestan por la publicación de imágenes e informaciones que se limitan a
mostrar la realidad y recurren a la hipocresía y al eufemismo. Por lo demás, los
males que se pretenden evitar, con un mal muchísimo más grave, son evitables:
ayudas a las madres con problemas, adopciones, prevención de embarazos no
deseados, entre otros medios. Además, pocas cosas hay tan lesivas para la salud
psíquica de la mujer como la práctica del aborto voluntario.
Los promotores de esta forma de asesinato legal, travestido de derecho de la
madre, ya han empezado a movilizarse para reclamar la reforma legislativa del
aborto que establezca un sistema de plazos que acabe con la “inseguridad
jurídica”; es decir, libertad para asesinar hasta un determinado momento de la
gestión, matar pero con seguridad jurídica. Como no hay mal moral que no entrañe
un asalto a la razón, el transcurso de un día convertiría el ejercicio de un
derecho en un crimen. La unidad vital del cuerpo humano y, con ella, de la
persona comienza con la concepción.
Todas las teorías que sitúan el comienzo en otro momento posterior, en el caso
de que fueran correctas, no pueden impedir la conclusión de que, en cualquier
caso, destruir el embrión es acabar con un proceso que, naturalmente, llevaría a
la generación de una vida humana. Por ese camino se podría llegar a sostener que
si, por ejemplo, la racionalidad o el uso del lenguaje son esenciales para que
pueda hablarse de persona humana, cabría eliminar a todos los que carezcan del
uso de razón o de la capacidad de hablar.
La admisión del aborto revela una de las mayores perversiones morales de nuestro
tiempo. Nunca la legalización del crimen puede convertirse en una solución
jurídica. El aborto que está provocado es una cotidiana barbarie silenciosa.
La Gaceta de los Negocios, 05/12/07